POR QUÉ UNA “MINORÍA” TENDRÍA LEGÍTIMO DERECHO A DESCONOCER  A UN GOBIERNO ELECTO POR UNA MAYORÍA.

Andrés Izquierdo. Puerto Ordaz, miércoles 26 de febrero de 2014

Insisto en que para recuperar la paz en Venezuela, la oposición tiene que hacer el trabajo de calle, de cara al reclutamiento electoral. Sin embargo, viendo cómo pasan los días y el gobierno sigue humillado a la disidencia, quiero dar a los protestantes mi opinión de por qué la protesta pacífica está más que justificada y por qué una “minoría” tendría legítimo derecho a desconocer  a un gobierno electo por una mayoría.

El argumento más lógico y pesado que tiene el gobierno hoy, es que deben dejarlo quieto porque ha ganado las últimas cuatro elecciones (Chávez-Capriles, Gobernadores, Maduro-Capriles y Alcaldes). Que la oposición debe esperar hasta el referendo revocatorio para intentar sacar a Maduro de la presidencia y que hasta entonces se aguanten. Esto es parcialmente cierto.

No voy a entrar a analizar aquí el grosero ventajismo propagandístico electoral, amedrentamiento y compra de conciencias, que pudo haber llevado al gobierno a vencer cuantitativamente en las pasadas cuatro elecciones. Tampoco voy a entrar a analizar los desastrosos resultados  de la pésima gestión del gobierno en los últimos años. Lo que voy a analizar aquí son las razones por las cuales no se le puede exigir al pueblo descontento que se cale al gobierno de aquí a cuando toque el referendo revocatorio. Veamos:

1.- Mal ejemplo por desacato a las leyes. El gobierno es muy bueno para exigir al pueblo que cumpla la ley, pero, del presidente para abajo, la violan varias veces al día, desde la Constitución hasta la última de las providencias, sin instituciones que les controlen. Por qué si el gobierno no cumple la ley, el pueblo sí tiene que cumplirla al pié de la letra. Como punto de partida, hay un principio universal de la justicia denominado “do ut des” (doy para que des), según el cual si el gobierno no cumple la ley, aún las hechas por éste a su medida, cómo espera que el pueblo sí las cumpla. El pueblo tendría entonces recíproco derecho a saltarse también las leyes a su antojo, desconocerlas y proceder de facto como lo hace el gobierno. Cuando un funcionario de la fuerza pública ya ha reducido a un revoltoso (uno que no protestó pacíficamente), lo que tiene que hacer es arrestarlo y ponerlo a la orden de las autoridades judiciales, sin caerlo a culatazos o a cascazos. Eso es violar la ley, máxime cuando después aparecen los representantes del gobierno reivindicando la actuación de dichas fuerzas, en lugar de reprenderlas.

2.- Falta de separación de poderes. Para nadie es un secreto que TODAS las instituciones del Estado, salvo un rector de CNE y algunas gobernaciones y alcaldías, están dominadas por chavistas fieles y comprometidos con su revolución. Esto no es así por casualidad, es una grosera inconstitucionalidad del gobierno. El problema de la separación de poderes no es un asunto puramente doctrinario de antiguos griegos ociosos debatiendo en una plaza de olivos, no, es un problema muy práctico y actual que tiene a Venezuela en un abismo. Si hubiese instituciones independientes, hace rato que Maduro estaría preso por abuso de poder y traición a la patria (tan solo por la adoración enfermiza hacia los Castro). Solo por el uso abusivo, dañino e irracional de las cadenas, ya era razón más que suficiente para lanzarlo de cabeza al calabozo; y esa sería una forma de salir del presidente por destitución antes del revocatorio. ¿Se acuerdan cómo el Fiscal General Ramón Escobar llevó a juicio a CAP y lo echó del gobierno con la CSJ? ¿De las decenas de denuncias que hay en el TSJ contra el gobierno y sus funcionarios, recuerdan al menos una que haya prosperado? Funcionarios con cargos vencidos (CNE) o sin nombramientos constitucionales (Contraloría) son solo una muestra de la falta de separación de poderes.

Al no haber poderes a los cuales acudir, ya que todos le azotan la puerta en la cara a la oposición. Al no haber instituciones independientes que actúen contra el poder ejecutivo, al pueblo no le queda más que salir a la calle a protestar, lo cual es totalmente legal. Si no le das salidas de presión a la olla, ésta explota.

3.- Oferta engañosa. Al chavismo se le votó porque hizo una propuesta electoral engañosa. Presentaron un plan de gobierno ante el CNE que llamaron “Plan de la Patria” o algo así, según el cual Venezuela iba a ser una potencia en prácticamente todos los sectores. Según dicho plan el gobierno se comprometía a garantizar la soberanía alimentaria y el bienestar del pueblo. Sin embargo, con sus ejecutorias, el gobierno ha conseguido totalmente lo contrario. Cabe preguntarse entonces si no tendría derecho el pueblo a decir: Vayasé señor presidente, vayasé!

4.- Trato indigno a la oposición.  Al gobierno lo pone en el poder una parte del pueblo para que gobierne en beneficio de todos, no solo para quienes le eligieron. Cualquiera que levante su voz contra el mal gobierno, es desoído, o peor aún, silenciado, descalificado, apaleado o asesinado. Los disidentes son tratados de fascistas y lacayos. Son millones de personas reclamando sus derechos, mientras que el gobierno no muestra la más mínima señal de interés por enterarse de qué es lo que quiere esa parte del pueblo. Tampoco muestra respeto y el presidente baila carnaval sobre los ataúdes de los caídos. ¿Cómo quiere entonces el gobierno que se exprese la gente? ¿Solo con votos cada 3 o 6 años? No creo que esa haya sido la intención de la mayoría chavista en la Asamblea Nacional Constituyente.

Esa equivocada cultura de los venezolanos de que el que gana se lo lleva todo, apoyada hoy por el gobierno, es la que lleva a la oposición a buscar alternativas. Ganar unas elecciones no habilita al gobierno a atropellar a quienes las perdieron. ¿Puede un gobierno hacer lo que le venga en gana, sin que los poderes del Estado actúen para evitarlo? ¿Está obligado el pueblo a calársela sin hacer nada al respecto? Entrampado como está el pueblo disidente, lo único que le queda es desconocer a la autoridad, lo cual paradójicamente es un acto completamente constitucional, contemplado en el artículo 350, hoy más vigente y necesario que nunca, el cual dispone que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. El problema está en que el mismo artículo contiene su propio conflicto de aplicabilidad, ya que supone para su invocación, de un juicio de valor previo que defina si en efecto ha habido o no violación de valores, principios y garantías democráticas o violación de los derechos humanos. Entonces el problema se reduce a que ese artículo lo aplica cada quien a conciencia y como lo entienda, ya que no hay una autoridad constitucional independiente que esté encargada de hacerlo cumplir con objetividad. Lo lógico es que cuando toca hacer uso del artículo 350, las instituciones que podrían interpretarlo y aplicarlo son justamente las mismas a quienes hay que desconocer. Esto deja otra vez al pueblo descontento de manos atadas y con la única salida de aplicar unilateralmente su artículo, desconociendo al gobierno. Desconocer al gobierno es tanto como impedirle que siga gobernando. ¿Cómo lo hace sin violencia y sin armas? A balazos no porque las armas las tiene el gobierno. Solo a través de la desobediencia civil pacífica, la cual tarde o temprano, si es realmente masiva y contundente, terminará por producir un estado de ingobernabilidad que nos lleve de nuevo a las urnas, pero esta vez sin los acostumbrados vicios electorales. ¿Cuánta gente se necesita para plantear la desobediencia civil? La necesaria para lograr la ingobernabilidad, de lo contrario solo será una minoría rebelde fácil de aislar y reducir.

De modo que si la oposición no se ocupa de hacer el trabajo de calle electoral ni tiene la gente y la contundencia suficiente para que la desobediencia civil rompa en ingobernabilidad, le tocará esperar y probar suerte una vez más en el referendo revocatorio.

FIN.